La iniciativa estipula prisión de dos a cuatro años a cualquiera que incite a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones. En caso de ser un funcionario público en ejercicio, la pena será aumentada en un tercio e incluirá la inhabilitación de la función pública por hasta diez años.
Quince diputados nacionales (14 de Unión por la Patria y una de la UCR) impulsan un proyecto de ley para modificar el Código Penal y establecer regulaciones sobre el uso violento de las redes sociales por parte de funcionarios públicos.
La presentación ya tuvo giro a la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales.
Denuncia que “en los últimos años, hemos sido testigos de un incremento alarmante en el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos para generar confrontaciones, incitar a la violencia, difundir información falsa, insultar al Papa, a representantes del amplio abanico de la política argentina, a otros países y atacar tanto a ciudadanos como instituciones democráticas”.
La iniciativa propone la incorporación de cuatro artículos al Capítulo 3 del Título VIII del Código Penal, donde se contempla los delitos de “intimidación pública” que afectan el orden público.
El artículo 2 de la medida estipula que será reprimido con prisión de dos a cuatro años el que, públicamente o a través de redes sociales, por medio de publicaciones, aprobación expresa, replicaciones, ‘Me Gusta’, o cualquier forma de interacción digital que implique difusión o adhesión a la publicación, incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones.
A su vez, detalla que la incitación debe ser “idónea para generar un peligro cierto de afectación al orden público o la honorabilidad y/o la seguridad de las personas”.
En caso de que el hecho fuera cometido “por un funcionario público en ejercicio de su cargo o utilizando redes sociales oficiales o personales con impacto institucional, la pena será aumentada en un tercio e incluirá la inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública por hasta diez (10) años”.
También se cambiaría el actual artículo 212 del Código.
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Fundamentos
El primer párrafo de de los fundamentos -redactado por 14 legisladores del Bloque de Unión por la Patria (UxP) y 1 del Bloque de la Unión Cívica Radical (UCR)- puntualiza la finalidad del proyecto.
«Tiene por objeto introducir modificaciones en el Código Penal con el fin de regular el uso de redes sociales y otras plataformas digitales por parte de los funcionarios públicos«, precisan.
Y agregan que es en función de garantizar un comportamiento ético, responsable y acorde con los principios fundamentales de nuestra democracia. “En un contexto de creciente polarización, desinformación y violencia digital, la necesidad de una legislación robusta se vuelve más urgente que nunca”.
Con la reforma, buscan establecer sanciones más estrictas para aquellos funcionarios que utilicen su poder e influencia en plataformas digitales para incitar a la violencia, fomentar la desinformación, atacar a las voces disidentes, amedrentar a otros organismos del Estado o desestabilizar el orden público.
La iniciativa fue firmada por los siguientes diputados: Victoria Tolosa Paz, Eugenia Alianiello, Pablo Yedlin, Guillermo Snopek, Nancy Sand, Liliana Paponet, Andrea Freites, Mónica Litza, Sabrina Selva, Roxana Monzón, Lorena Pokoik, Gabriela Pedrali, Guillermo Snopek, Ana Aubone, Jorge Romero (todos de Unión por la Patria) y se suscribió Natalia Silvina Sarapura de la UCR.
«Las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para que algunos actores políticos utilicen herramientas digitales con fines destructivos, provocando un daño real y tangible a la paz social, al orden público y a la convivencia democrática», señala la medida.
Y suma que “estos hechos no solo generan una polarización innecesaria, sino que también debilitan la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. Este proyecto de ley busca, precisamente, cerrar esa brecha y reforzar la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos”.
Con esto, se intenta ‘proteger’ a los ciudadanos de los abusos de poder que se cometen a través de plataformas digitales, y garantizar que los funcionarios públicos, como servidores del pueblo, sean responsables de sus acciones.
Para los firmantes, las modificaciones planteadas en el proyecto resultan “una necesidad urgente”.
