Alquileres: El Gobierno elaborará un protocolo para casos de desalojo

En menos de una semana vence el DNU 320/20, las deudas y la búsqueda de nuevos alquileres han causado malestar para quienes no tienen vivienda propia.

El Gobierno elaborará un protocolo para casos judiciales de desalojo en viviendas alquiladas
El Gobierno elaborará un protocolo para casos judiciales de desalojo en viviendas alquiladas

Mediante la Resolución 88/2021, publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo ordenó elaborar y aprobar un “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar de Alquileres Formales”.

Con esta medida, firmada por el ministro de desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el Gobierno Nacional estableció un mecanismo para recopilar datos “sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales” contra inquilinos/as.

La normativa busca evitar un posible perjuicio contra las personas que se vieron beneficiados por el decreto 320/20 que prohíbe desalojos y aumento de alquileres, que vence el 31 de marzo.

Además, se convoca al Ministerio de Justicia y Derechos humanos de Nación, a otros organismos nacionales y provinciales pertinentes a la suscripción de convenios de cooperación con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto Nº 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones.

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La resolución establece que la Secretaría de Desarrollo Territorial deberá coordinar acciones para, mediante proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.

En relación al punto anterior, A tal efecto, fijarán criterios de priorización de las personas que se encuentren alcanzadas por la normativa, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.

Entre los considerando de la medida publicada este viernes, indican que la Constitución Nacional establece en el artículo 14 bis el mandato integral e irrenunciable del Estado de otorgar beneficios de seguridad social, entre los cuales incluye el acceso a una vivienda digna.

Ante el panorama de deuda y crisis, el Ejecutivo, una vez obtenida la información sobre los procesos de mediación y sentencias de desalojo y de los análisis socio-económicos de los hogares que oportunamente se efectúen, a través del Ministerio de desarrollo Territorial y Hábitat, deberá coordinar acciones tendientes a brindar una solución habitacional a los inquilinos o inquilinas comprendidos en el Decreto Nº 260/20.

 

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