El Tribunal de Ética del radicalismo echó a Mariano Campero, Martín Arjol y Luis Picat, aunque aseguran que apelarán. De Loredo criticó la decisión.
Para que Javier Milei pudiera sostener el veto a las leyes de movilidad jubilatoria y presupuesto universitario necesitó del apoyo de diputados ajenos a los de La Libertad Avanza; entre ellos, se encuentran los de la UCR.
Ante esto, el Tribunal Nacional de Ética de la Unión Cívica Radical (UCR) decidió separar de sus filas al legislador cordobés Luis Picat y a sus pares Mariano Campero (Tucumán) y Martín Arjol (Misiones) por la misma conducta.
La resolución fue adoptada por mayoría y los acusaron de realizar “conductas que lesionaron gravemente la dignidad del partido” ya que apoyaron al oficialismo en el Congreso contradiciendo la postura oficial del partido.
De todas formas, las autoridades no le aplicaron ninguna sanción al diputado Pablo Cervi, quien acompañó el veto a la ley previsional pero en el caso universitario se abstuvo.
Ilegítima, arbitraria y parcial decisión de un tribunal de conducta que parece más abocado a una interna que al rol que debe cumplir. Con un bloque escindido en Diputados, y con senadores y diputados que en reiteradas ocasiones tomaron posturas distintas a sus bloques,…
— Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) December 19, 2024
Luego que en septiembre en la Cámara Baja se ratificara el veto a la movilidad jubilatoria ‑con el apoyo de los diputados de la UCR‑ comenzó el proceso disciplinario por parte del Tribunal con una suspensión preventiva.
La situación también se agravó cuando dichos diputados visitaron la Casa Rosada el 10 de ese mes, un acto que el tribunal calificó como una “provocación deliberada” con alto impacto en la opinión pública.
Los tres diputados integraban el bloque de la UCR al mando del cordobés Rodrigo De Loredo que siempre se negó a echarlos a pesar de los insistentes reclamos dentro del bloque.
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Las declaraciones de los diputados
El legislador Picat advirtió que apelará la decisión ya que fundamentó que les “parece injusto que en el partido haya doble vara. El senador (Martín) Lousteau ha votado en contra del resto del bloque, muchos otros diputados han votado en contra de lo que decidía el presidente del bloque, y no se los ha sancionado”.
«El debate es mayor aún: acá se demuestra que el partido nacional, liderado por Lousteau y acompañado por (Facundo) Manes, está con una idea de kirchnerizar el partido y expulsar valores y recursos humanos interesantes», manifestó el cordobés.
Y agregó: “Nosotros hemos ganado elecciones, hemos gestionado municipios, y venimos del sector privado, no estamos por el cargo. Mientras tanto, en el radicalismo hay gente que vive solo de ser empleados públicos. Ahí es donde vamos a estar dando el debate”.
Por su parte, Mariano Campero, otro de los diputados expulsados de la UCR, también apuntó contra Lousteau y asegura que no le sorprendió la decisión «porque es un enfrentamiento que venimos llevando adelante contra Martín Lousteau, quien es presidente del partido».
Asimismo, cuestionó la motivación detrás de la expulsión, afirmando que «la decisión empresaria tiene que ver más con esa frustración de haber impedido que Lousteau y compañía, junto con el kirchnerismo, hayan logrado desestabilizar al presidente Milei».
Fundamentos del Tribunal y reacciones internas
El Tribunal de Ética consideró que “los acusados (por los diputados) convirtieron a la UCR en cómplice del ajuste sobre los más vulnerables” y que “con esas acciones, no hay dudas, lesionaron la dignidad del partido y provocaron una situación de anormalidad institucional grave que afectó y puso en riesgo la unidad ideológica y política del partido en el orden nacional”.
Argumentaron que “en una votación crucial, que comprometía la posición pública partidaria y el accionar del propio bloque, comprensiva de una posición cara a los valores históricamente defendidos por la UCR, luego de visitar y fotografiarse con el propio Presidente de la República, se decidió cambiar el voto, facilitando con ello la procedencia del veto y el rechazo de una iniciativa propia, hasta el extremo de instalar en la opinión pública que fue a instancia de votos radicales como se lo logró sepultar la iniciativa”.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cuestionó la medida al señalar que “es completamente equivocada” y que muestra a una conducción que promueve un “partido chico, alejado de la tolerancia democrática y de nuestros simpatizantes”.
Rodrigo de Loredo, presidente del bloque radical en Diputados, se manifestó en contra de la decisión del Tribunal de Ética: “El partido chico, cerrado, burocrático y con doble moral no le sirve a nadie. Se castiga selectivamente a unos, mientras otros toman posturas diferentes sin sanción alguna”, concluyó.
