La privatización de Aerolíneas Argentinas y la Ley Hojarasca son algunas de las mayores aspiraciones del gobierno. Convocaron a extraordinarias para tratar temas como la reforma electoral, la reforma política y la ley antimafia.
Tras revalidar a Martín Menem en la Presidencia de la Cámara de Diputados, el Gobierno anunció el llamado a extraordinarias. El temario incluye seis puntos: reforma electoral, reforma política, juicio en ausencia, ley antimafia, viajes del presidente y fueros de la política.
De esta forma, queda por fuera el presupuesto 2025. El oficialismo se encamina a prorrogar por segunda vez -y primera en la historia- el presupuesto 2023.
La discusión por la previsión de los gastos del Poder Ejecutivo es el único tema con que el oficialismo puede seducir a la oposición para hacer funcionar el Poder Legislativo fuera del período ordinario.
Fuera el presupuesto 2025 del temario oficial, la mayoría de estas iniciativas planteadas por el gobierno de Milei podrían patearse para el 2025, a las que se le plegarían algunas más.
Milei en su primer año: cierre de ministerios, ajuste público y despidos masivos
Entre las más resonantes aparece la privatización de Aerolíneas Argentinas, luego de semanas de conflicto con los gremios que operan en la aerolínea de bandera. Probablemente, no sea durante el período extraordinario.
La Ley Hojarasca es otro anhelo del gobierno libertario que envió en octubre y busca eliminar leyes “obsoletas o que limitan las libertades de los ciudadanos”.
A priori, la normativa trata de derogar legislación vieja a fines prácticos. Algunas de las que más destacan por su contenido son:
- Ley N° 94 (1864). Inhabilita por DIEZ (10) años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona. La pena de azotes fue prohibida por la CONSTITUCIÓN NACIONAL en su artículo 18.
- Ley 20.843 (1974). Garantiza el padrinazgo del Presidente de la Nación en funciones al momento del nacimiento del séptimo hijo varón o la séptima hija mujer de una prole del mismo sexo.
- Ley N° 22.963 (1983). Esta ley de Bignone obliga a tener autorización estatal para el uso de mapas de Argentina para cualquier fin. Así, un productor de vinos no puede incluir un esquema del mapa de Argentina en su etiqueta sin autorización estatal. Tal reglamentación resulta excesiva por su injerencia en la libertad de expresión y de comercio, es injustificada y –además- genera costos para el productor y el Estado.
- Ley N° 23.419 (1986). Dispone que las empresas públicas informen descubrimientos de petróleo. Resulta redundante que se le pida al Estado que se informe a sí mismo.
- Ley N° 20.959 (1975). Otorga a senadores y diputados de la Nación libre circulación y libre estacionamiento. Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática.
- Ley N° 22.875 (1983). Dictada en las postrimerías del último gobierno de facto, permite al Estado exigir la relocalización de actividades productivas. Es una injerencia excesiva en el ejercicio de la propiedad privada, por lo que se propone su derogación.
- Ley N° 25.750 (2003). Esta ley -de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales- restringe el derecho de ejercer industria en algunas actividades particulares. Establece que la propiedad de los medios de comunicación deberá ser de empresas nacionales, limitándose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario y que otorgue derecho a voto hasta por el mismo porcentaje del 30%.
- Ley N° 26.688 (2011). Declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales.
