La obra, que contó con una inversión total de 130 millones de dólares, no cumple con el Acuerdo de Escazú. Se realizaron tres audiencias públicas donde el 70%, 80% y 90% de los votos fueron en contra. Hay conflicto desde que inició el proyecto en 2017.
Por Gastón Marmay
El pasado lunes 25 de noviembre, el Gobierno de Córdoba inauguró un nuevo tramo de la autovía de Punilla. Una obra que, según el oficialismo, mejora la conectividad en uno de los valles turísticos más importantes de la provincia.
La etapa que se habilita es de 16,7 kilómetros, que, sumados a los 5,1 ya inaugurados, totalizan un corredor de cuatro carriles 21,8 kilómetros.
«La habilitación de este nuevo tramo, recientemente finalizado, es una obra clave para el desarrollo turístico de nuestra provincia. Representa un motivo de orgullo para los cordobeses contar con este nivel de conectividad entre todos los valles turísticos, permitiendo a quienes habitan y visitan Córdoba desplazarse con mayor agilidad y seguridad», expresó el gobernador Martín Llaryora.
No obstante, el proyecto presenta ciertas irregularidades y faltas en el cumplimiento de la ley. Entre ellas, se hizo omisión del Acuerdo de Escazú (el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe).
La normativa fue acordada en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, y Argentina lo aprobó en 2020 mediante la Ley 27.566. Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos al acceso de la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Aun así, el defensor ambiental Marco D´Angelo asegura que “el volumen de irregularidades del estudio de impacto ambiental que termina aprobando la Secretaría de Ambiente de Córdoba es monstruoso”.
Durante el inicio de la construcción hasta la habilitación del tramo recientemente inaugurado de la Autovía de Punilla, se realizaron tres audiencias públicas:
- una en San Roque, donde se obtuvo un 70% de rechazo;
- en Santa María hubo una convocatoria de miles de personas donde el 80% de los ciudadanos se resistieron al proyecto;
- y por último, la audiencia pública virtual, que a pesar de las dificultades que había para acceder, el 90% de los expositores plantearon argumentos de rechazo a la obra y al estudio de impacto ambiental (por parte del Estado).
La obra inició en 2017 y como señala Eugenia, vecina del Valle de Punilla, residentes y defensores ambientales presentaron un amparo ambiental y colectivo, sin embargo, aún no tienen respuesta.
«En la cuestión del ambiente nosotros solicitamos la medida cautelar en ese amparo y todavía no tiene su resolución de fondo”, remarca Eugenia. Además, asegura que “tenemos una Justicia que no actúa, o más bien actúa en complicidad de estos gobiernos en beneficio de los intereses de las grandes empresas, desoyendo el reclamo legítimo de quienes habitamos los territorios».
Enfatiza que al Gobierno provincial no le interesa lo que opine el pueblo ni la verdadera participación ciudadana. “Ellos tienen un objetivo político y lo aplican mediante el autoritarismo, la violación de todas las leyes, y teniendo la complicidad del Poder Judicial y también del Poder Legislativo”.
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“La ciudadanía no se quedó en la casa a esperar a que la Justicia resuelva, sino que cuando ya empezaron las máquinas a destruir el territorio salieron a la calle a manifestarse”, afirma Marco D´Angelo.
A raíz de esto, denuncia que hubo numerosas detenciones arbitrarias en viviendas de defensores ambientales. Llegó a ser tan crítico que se declaró un habeas corpus porque la situación se había vuelto muy violenta.
D´Angelo asegura que en ningún momento la Justicia aplicó la ley por las irregularidades en la obra ni en este ni en ningún otro tramo de la Autovía de Punilla, aunque sí destacó que “lo único que está avanzando son las causas armadas en contra de defensores ambientales”.
«Hay un pedido de elevación a juicio por parte del tribunal de Cosquín en contra de seis defensores ambientales (yo soy uno) y hay 17 imputaciones por supuestos delitos que se produjeron en el marco de la protesta».
Continuar con los reclamos
Eugenia, vecina del Valle de Punilla, plantea que hay que “organizarse, informarse en profundidad y debatir de manera colectiva sobre estas cuestiones” porque el gobierno opera principalmente mintiendo y desinformando a la comunidad.
Denuncia que la Provincia tiene un discurso verde y mentiroso y que la creación de la Dirección General de Ordenamiento Territorial (Pablo Riveros) sirve para poner ‘a la cabeza’ alguien que fue referente en las luchas ambientales o conocido dentro de la lucha ambiental, para seguir engañando de que a este gobierno le interesa el ordenamiento territorial.
«En realidad le interesa, pero le interesa un tipo de ordenamiento territorial, con una política y con un interés, y con un interés beneficiando a las grandes inversiones, a las grandes empresas, por eso esto de la aprobación del RIGI. Nada tiene que ver con beneficiar a quienes estamos habitando los territorios».
“Por eso es fundamental organizarse, informar y tratar de difundir al resto de la comunidad”, concluye la vecina del Valle de Punilla.
