Eliminaron el DNU promulgado en el 2021, que le permitía a las empresas públicas tener ventajas de contratación y gozar de beneficios por sobre otras empresas.
Este miércoles 21 de agosto, el Gobierno derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia 823/2021, que obligaba a los ministerios y organismos estatales a contratar los servicios de empresas públicas.
Un ejemplo de ello, la contratación de pólizas con Nación Seguros o la utilización de otros servicios como de YPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
Esta decisión fue oficializada en el Decreto 747/2024 publicado en el Boletín Oficial, bajo la firma del presidente Javier Milei, la del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Indicaron que, “por el artículo 50 del Decreto n.º 70/23, se estableció que las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista, no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el mismo disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga”.
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Es por esto que suprimieron la obligación de implementar el pago de haberes al personal de la Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional mediante el Banco Nación. También, excluyeron la normativa que imponía a las entidades públicas el deber de “contratar con YPF la provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales”.
Sumado a lo anterior, se derogó el decreto 1191/12 que disponía la obligación de uso, por parte de las entidades del Sector Público Nacional, de los servicios de Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y Líneas de Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de Optar Sociedad Anónima para la compra de pasajes que requieren para el traslado por vía aérea.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aclaró que pretende eliminar los privilegios de Nación Seguros, YPF, Banco Nación y optar en las contrataciones públicas.
“Las empresas públicas deben servir a los ciudadanos y no servirse de ellos. Si estos privilegios a su vez servían para anidar corrupción o mantener a una casta política, deben ser desterrados”, afirmó.
