Desde 2021, la empresa encargada de ocupar la zona para la construcción del Parque Solar Cura Brochero enfrenta una demanda civil realizada por la Asociación “Vecines del Monte”.
Por Agustina Levai Campos
El Resaltador entrevistó a Koki Cuello, perteneciente a la organización “Vecines por el monte”, quien habló sobre la problemática que enfrentan en Traslasierra por el desmonte, afectando a la población, la fauna y flora autóctona del lugar.
El motivo es la instalación del Parque Solar Cura Brochero, impulsado por el Gobierno. Este Parque, inaugurado en 2022, cuenta con 90.000 paneles solares instalados y con una potencia de más de 25 megawatts, el más grande en su tipo en todo el territorio de la provincia de Córdoba.
En 2017 se presentó a la ex Secretaría de Ambiente de la provincia un documento que informaba que el proyecto del Parque tiene por objetivo la generación eléctrica a partir del aprovechamiento de la energía solar por medio de tecnología fotovoltaica, proyectando la generación total de 26 megavatios.
En este mismo documento, aludieron a una serie de beneficios: la generación de trabajo para su construcción y operación, entre otros aspectos.
“Prometían no cortar ni un árbol, que solo ocuparían una zona de chacras y el beneficio de traer trabajo a la zona”, aseguró Koki.
A lo anterior, sumó “desmontaron alrededor de 100 hectáreas de zona roja y amarilla, de las cuales solo el 15% estaban en verde”.
Por su parte, desde la Asociación Vecines por el Monte, de forma conjunta con varios profesionales, realizaron un informe de Análisis del Estudio de Impacto Ambiental Parque Voltaico, Villa Cura Brochero. En el documento, se expuso que la ubicación de la obra se asienta en sectores categorizados como zonas rojas y amarillas de bosque Nativo, según la ley Provincial 9.814 y ley Nacional 26.331.
También denuncian que, a raíz del desmonte y el movimiento del suelo realizado sobre el predio, generó una degradación y fragmentación de las áreas boscosas provinciales más importante de lo que va de la década.
Koki hace hincapié en que estos efectos nocivos de la instalación recaen sobre el bosque nativo, la flora y la fauna autóctona, el suelo, los cursos hídricos, el paisaje y la vida social, económica y cultural de los habitantes.
“También era un campo con flora y fauna en muy buen estado de conservación y se dejó de ver animales como las corzuelas” recalca.
A esto le agrega que favoreció a la desviación de un arroyo y al acotamiento del crecimiento urbanístico de la zona.
También se le suma que la privatización de energía eléctrica perjudica e incide directamente sobre el bolsillo de los vecinos y vecinas del monte; “También es la privatización de origen de la electricidad, es decir, que las boletas van a ser más caras”.
Proceso Penal
A raíz de las quejas de los vecinos y vecinas de la zona, desde 2021, la empresa afronta una demanda por daño ambiental colectivo.
“Hicimos la denuncia por haber acabado todas las instancias administrativas y no tener buena respuesta, llegamos a la decisión de presentar una acción civil. Fue presentado en tribunal de Cura Brochero y se declaró incompetente luego de meses”.
Luego, la demanda pasó por la Cámara de Villa Dolores, en donde se tardó cuatro meses para validarla y quedó bajo la forma de amparo ambiental. A mediados del 2022 se dio el fallo a favor de la Asociación; sin embargo, está «cajoneada» hasta el día de hoy en el Tribunal de Justicia de Córdoba.
Consideraciones finales
Basándonos en las consideraciones presentadas en el estudio de impacto ambiental, se llegó a las siguientes conclusiones:
- Se desconocen aspectos centrales que hacen a la localización del Parque en términos biológicos, geológicos, hidrológicos, socioeconómicos y culturales;
- Se verifican daños ambientales producto de obras que no han sido consideradas en el estudio de impacto ambiental;
- No se prevé los impactos reales y posibles del Parque Fotovoltaico sobre la región y consecuentemente;
- Se pone en riesgo al ambiente y a los habitantes del Valle.
Debido a esto, lo que piden es que haya una restauración ecológica integral, con el objetivo de que se reviertan los daños sobre el área afectada por las obras.
“Lo que pedimos es el cuidado del bien común”, resalta Koki en la entrevista.
Finalmente, se aclara que, para lograr estos fines, se deben garantizar procesos reales y legítimos de participación ciudadana para el abordaje de la restauración ambiental de las áreas degradadas, es decir, la restauración ecológica, pero teniendo en cuenta al mismo tiempo aspectos socioeconómicos y legales.
