La diputada Gabriela Estévez ingresó el proyecto en la Cámara de Diputados. Se propone que se destine el 15% de la pauta oficial a medios comunitarios, cooperativos y pymes.
La diputada nacional por Córdoba, Gabriela Estévez presentó un proyecto de ley para que el 15% de la pauta oficial vaya destinado medios autogestivos, comunitarios, cooperativos y pymes.
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La medida se propone en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19 y es de carácter excepcional. De aplicarse, sería para el año 2020 y la autoridad de aplicación (se señala a la Secretaría de medios y comunicación pública) podría prorrogar la medida.
En los argumentos del proyecto se explica que los fondos de la pauta oficial «no solo son una herramienta para dar a conocer actos de Gobierno o campañas de interés público. Sino que también permite a los medios de comunicación hacerse de fondos necesarios para su funcionamiento«.
Otro de los fundamentos esgrimidos es que la pauta oficial muchas veces se dirige a los grande medios de comunicación y los medios autogestionados brindan una mayor pluralidad de voces. «La concentración mediática en pocos y grandes grupos privados es hoy un drama en todo el mundo que pone en cuestión la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía«, indica.
El proyecto fue firmado por los diputados y diputadas nacionales, Maria Rosa Martinez, Maria Cristina Britez, Maria Jimena Lopez, José Luis Gioja, Maria Lucila Masín, Juan Emilio Ameri, Maria Carolina Moisés, Ayelén Spósito y Marcelo Koenig.
Por otra parte el proyecto menciona que la regulación de la contratación de la pauta oficial y la transparencia en los mecanismos es una deuda pendiente. Al respecto, el proyecto expresa que el presidente Alberto Fernández en su discurso de asunción habló sobre la temática y dijo: «Queremos prensa independiente del poder y de los recursos que la atan al poder».
Finalmente, se plantea que la medida es en el marco de la emergencia por el Covid ya que muchos medios ven afectadas su fuente de financiamiento.
«En el marco de esta emergencia sanitaria y su consecuente impacto económico ese dinero que el estado ya había comprometido en su presupuesto 2020 pueda ser redistribuido para evitar el cierre de prestadores de gestión comunitaria, cooperativas de trabajo y/o empresas pymes de menor alcance aunque mayor vinculación territorial», concluye.
