El protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo al que adhirió CABA fue repuesto por el Ministerio de Salud en diciembre de 2019, ya que había sido derogado durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Cinco distritos aún no adhirieron ni tienen protocolo propio.
La Legislatura porteña aprobó la adhesión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) al protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) con 50 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, en una sesión que contó con la participación de todos los diputados y diputadas.
«La adhesión (al protocolo ILE) es un paso más en la Ciudad a favor del derecho a la salud de las mujeres», dijo la diputada Patricia Vischi, de UCR-Evolución, quien fue la primera oradora del debate y es presidenta de la comisión de Salud de la Legislatura. Vischi también destacó que el proyecto de ley tuvo el apoyo «transversal de todas las fuerzas políticas» y que la decisión fue tomada «en articulación con la sociedad civil».
La postura de cada bloque no fue unánime y, entre los diputados que no apoyaron la adhesión, se encuentra Guillermo González Heredia (VJ), quien hoy se definió como «el primer orador (de la sesión) del grupo llamado celeste».
«¿Es un derecho habilitar a una niña de 13 años a ir a un efector de salud y requerir un aborto? Yo creo que no, creo que es un desamparo», sostuvo.
De acuerdo al protocolo, a partir de los 13 años, «se debe considerar la voluntad (de la adolescente) al momento de dar intervención a los organismos de protección«. En cambio, las niñas menores de 13 años «podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado«.
Al respecto, Manuela Thourte (UCR-Evolución), apuntó que «el 90% de los casos de abuso sexual contra niñas son por parte de alguien del entorno familiar, por lo que mal podrían ir a acceder a una ILE con sus padres«.
El protocolo ILE establecido por el ministro de Salud, Ginés González García, en diciembre de 2019, se basa en las causales previstas por el Código Penal argentino desde 1921 -y confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en 2012-, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo es fruto de una violación o implica riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante.
En este sentido, Laura Velasco (FdT) afirmó durante el debate que en Argentina «cada tres horas una menor es madre» y que en la mayoría de los casos, son niñas y adolescentes que sufren situaciones de «violencia intrafamiliar».
Cinco provincias todavía no cuentan con un protocolo
El protocolo nacional al que adhirió la Ciudad fue repuesto por el Ministerio de Salud en diciembre de 2019, ya que había sido derogado durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.
Otros distritos como Córdoba, Neuquén y Río Negro -entre otros- tienen protocolo propio y son criticados por algunas organizaciones por no adaptarse a las normativas nacionales que son las más actualizadas.
Por último, están los distritos que no cuentan con protocolo propio ni están adheridos al protocolo nacional. Estas son las provincias de San Juan, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero y Corrientes, según un relevamiento de la Campaña.
