Actualmente, en la región existen 1223 conflictos territoriales entre pueblos originarios y grupos de poder. La represión y criminalización de estas comunidades que defienden sus derechos ha provocado al asesinato de más de 200 de sus líderes.
Según un nuevo estudio conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, los más de 800 pueblos indígenas de América Latina deben tener un papel protagonista en los espacios de toma de decisiones.
El documento resalta que dicho rol no solo ha de servir para defender su derecho a la autodeterminación, se deben sumar las destacadas contribuciones que pueden realizar en los procesos de reformulación de los modelos de desarrollo.
Pero la realidad está lejos de esa participación plural en la toma de decisiones. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión, dijo que los conflictos territoriales actuales generaron movilizaciones que obtuvieron como respuesta “represión y criminalización”.
A raíz de esas disputas, se contabilizaron 232 asesinatos de defensores de los territorios indígenas entre 2015 y los primero seis meses de 2019. Es decir, una media de cuatro asesinatos al mes en la región.
“Debemos terminar con la cultura del privilegio que naturaliza las desigualdades, las discriminaciones y que hemos heredado de la Colonia. Tenemos que vencer la cultura del privilegio e irnos a una cultura de la igualdad que respete especialmente la gran riqueza de los pueblos indígenas. Abya Yala (América en lengua guna) es una tierra en plena madurez, con sangre vital y donde urge garantizar los derechos de los pueblos indígenas”, afirmó Bárcena.
Siguiendo al párrafo anterior, la secretaria ejecutiva, recordó que el nivel de pobreza de la población indígena es mayor que el de la no indígena. Además, las desigualdades salariales entre ambos grupos son mayores según el “nivel de escolaridad y género”.
Ante ese panorama desigual, el informe brinda una imagen de la situación de los derechos territoriales y de los bosques, la demografía y el derecho al bienestar de los pueblos indígenas de América Latina. Tiene como objetivo apoyar el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El texto enfatiza que uno de los principales retos de la región es el de construir “sociedades institucionalmente pluriculturales, diversas, inclusivas, equitativas y no discriminatorias“, donde se reconozcan y garanticen los derechos de los pueblos indígenas“.
Una manera de cumplir esa meta sería, en los próximos diez años, prestarle la debida y adecuada atención al programa 2030, a la armonización de sus Objetivos y las correspondientes metas con los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Para ello, el informe llama a crear las “condiciones legislativas, institucionales, políticas y económicas que reflejen la diversidad existente”, y que se haga efectivo el compromiso “de reconocer, respetar, promover, impulsar y no menoscabar en modo alguno los derechos de las comunidades originarias y de defender los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
En América Latina y el Caribe, los pueblos originarios representan un 10% del total de la población, es decir, unos 60 millones de personas, pese a los avances, continúan en situaciones desiguales respecto a las dimensiones sociales y económicas.
Fuente: Nodal.am; ONU; Cepal.org.es
