El término «Lawfare» es una contracción de law (ley) y warfare (guerra), que refiere a una “guerra jurídica”: el uso del sistema judicial para desacreditar a un adversario político.

Este miércoles 13 de noviembre se confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La Cámara Federal de Casación dictó seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
Los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos confirmaron el fallo del Tribunal Oral que juzgó el caso en 2022 y no sumaron «asociación ilícita» a la lista de delitos, como pedía la Fiscalía.
No obstante, la condena no quedará firme puesto que la expresidenta recurrirá a la Corte Suprema de Justicia.
Cristina Fernández de Kirchner asegura que las acusaciones en su contra constituyen un caso de «Lawfare«.
Pero, ¿qué es el «lawfare»?
El término «Lawfare» es una contracción de law (ley) y warfare (guerra), que refiere a una “guerra jurídica”: el uso del sistema judicial para desacreditar a un adversario político.
En otras palabras, nos referimos a la judicialización de la política. La idea es que distintos actores sociales, desde el Poder Judicial hasta los medios de comunicación, obran juntos en contra de un espacio político, sea este oficialista u opositor.
El origen de este término es de 1975 por los humanitaristas australianos John Carlson y Neville Thomas, quienes criticaron al sistema jurídico occidental, señalando que la búsqueda de la verdad fue sustituida por una especie de «guerra» política llevada adelante en los tribunales.
Si bien en un comienzo se usaba el término para referirse a conflictos internacionales, en la última década el «lawfare» adquirió un nuevo concepto atribuido por políticos latinoamericanos para desestimar las causas por supuesta corrupción. Fue utilizado por Lula da Silva en Brasil y por Rafael Correa en Ecuador.
Esta supuesta guerra judicial contra líderes de movimientos populares tendría como finalidad frenar o anular la carrera política de los ex mandatarios a través de una difamación mediática.
Durante un discurso en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano, el papa afirmó que con la instrumentación del lawfare se persigue «reducir los derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que se benefician aquellos que aspiran a ejercer un poder autoritario».