El gobierno de Javier Milei construyó, en paralelo, dos políticas hacia «los extranjeros» que no podrían ser más distintas. A los migrantes de escasos recursos que llegan al país buscando salud, educación o un techo, el oficialismo les cierra la puerta y los señala como un gasto que hay que arancelar. A los magnates y corporaciones internacionales que quieren comprar la tierra, el agua y los minerales del país, les abre todas las puertas y les saca hasta el último límite legal. La misma palabra, «extranjero», significa cosas opuestas según de quién se trate.
Arancelar la pobreza
El legislador Agustín Romo presentó en la provincia de Buenos Aires un proyecto para arancelar el acceso de extranjeros a los hospitales y a las universidades públicas, una iniciativa que el oficialismo nacional ya anticipó que buscará replicar en todo el país. La medida no distingue entre quien llega con un pasaporte de un país vecino a buscar trabajo y quien llega con una valija de dólares a comprar campos: apunta, en los hechos, a quienes menos tienen. Se trata de un discurso que se monta sobre una idea instalada en redes: que el extranjero pobre es una carga.
Esa misma lógica excluyente encontró eco durante el Mundial de fútbol, cuando distintos sectores del progresismo internacional cuestionaron el rumbo del país. El propio oficialismo instaló la idea de que se trataba de una «campaña antiargentina»: una ola de críticas orquestada desde afuera para desprestigiar al país.
Vale aclarar que buena parte de esos señalamientos responden al propio modelo que impulsa Milei —neocolonial y extractivista— y a una política exterior que aisló a la Argentina en los organismos multilaterales y la alineó con Estados Unidos e Israel en votaciones clave, como las vinculadas al rechazo a la esclavitud y al genocidio en Gaza.
Tres días después de la final, Milei le respondió a esos cuestionamientos con un mensaje en Instagram: «Ahora el mundo va a ver donde puede llegar un país lleno de argentinos». Y remató, con una frase que atribuyó sin evidencia a Winston Churchill: «¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que defendiste algo, en algún momento de tu vida».
Es una respuesta que lo ubica como víctima de una campaña externa, disociado de su propio rol en generarla. La misma semana en que el Presidente se victimiza frente al mundo por «defender algo», en Buenos Aires, el legislador Agustín Romo quiere que se discuta qué migrante puede pagar por ser atendido en un hospital o estudiar en nuestro sistema público. Un debate que LLA quiere llevar a nivel nacional.
Sin arancel para vender el país
Mientras se discute cobrarle un hospital a un migrante, el Congreso negocia un proyecto para que ningún extranjero tenga límites a la hora de comprar tierra argentina. La Ley de Tierras Rurales vigente permite hoy un tope del 15 por ciento de la superficie rural en manos extranjeras. El proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», escrito por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y negociado en el Senado por Patricia Bullrich, busca derogar ese límite de hecho.
Los números ya son elocuentes sin necesidad de ninguna reforma: 13 millones de hectáreas rurales —el cinco por ciento del país, una superficie como Inglaterra— están en manos extranjeras, según releva el Observatorio de Tierras (UBA). En 36 municipios ya se supera el 15 por ciento permitido por ley, y en cuatro se supera el 50 por ciento, casi siempre en zonas de frontera, cordillera o con recursos hídricos y mineros estratégicos. El proyecto oficialista no solo no revierte ese proceso: elimina los pocos controles que existen, habilita a personas físicas no radicadas en el país a comprar tierra ribereña y de frontera, y deja en manos de cada provincia qué se vende y a quién.
A esto se suma el RIGI y el llamado «Súper RIGI», que ofrecen beneficios impositivos por 30 años a las inversiones extranjeras en minería, energía y data centers, en momentos en que también se desarmó la Ley de Emergencia Territorial Indígena y se flexibilizó la Ley de Glaciares. El mensaje es consistente: para el capital extranjero, ningún límite es suficientemente flexible.
Una misma matriz
No son dos políticas separadas, son la misma. Un modelo neocolonial y extractivista necesita, por un lado, un discurso de odio hacia el migrante pobre que sirva de chivo expiatorio y desvíe la conversación sobre qué se está entregando; y por otro, un marco legal cada vez más permisivo para que magnates, fondos y Estados extranjeros —salvo la excepción formal para gobiernos foráneos— se queden con los territorios más estratégicos del país.
Mientras se debate si un extranjero merece atención médica gratuita, nadie le pregunta al capital transnacional qué va a hacer con el agua, el litio o los bosques nativos que está por adquirir sin ningún tope.
La soberanía, en esta gestión, no se mide en quién entra al país sino en quién se queda con qué. Y ahí, el discurso libertario sobre «la propiedad privada» y «la libertad» solo aplica para quienes ya tienen mucho.
