Organizaciones sociales, sindicales, políticas, académicas y referentes religiosos difundieron una solicitada contra el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei. Advierten que la iniciativa podría facilitar la extranjerización de tierras, acelerar desalojos y limitar la capacidad del Estado para intervenir en áreas estratégicas.
Una amplia coalición de dirigentes políticos, sindicales, sociales, académicos y religiosos lanzó una fuerte advertencia ante el inminente tratamiento en el Congreso del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada promovido por el gobierno nacional.
A través de una solicitada firmada por más de 3.000 referentes de distintos sectores, reclamaron a diputados y senadores que rechacen la iniciativa y sostuvieron que su aprobación tendría consecuencias profundas sobre la soberanía nacional, el acceso a la vivienda y la gestión de recursos estratégicos.
El documento, difundido en la antesala de la sesión prevista para este jueves 18 de junio, sostiene que la propuesta oficial excede ampliamente la defensa de la propiedad privada que proclama su título. Según los firmantes, se trata de una norma que modifica aspectos centrales vinculados a las expropiaciones, los alquileres, la regulación de tierras rurales y la protección ambiental.
“Argentina está en peligro”, señala la solicitada, que define al proyecto como una iniciativa que pone en riesgo la capacidad del Estado para desarrollar políticas públicas y resguardar intereses estratégicos. En ese marco, los impulsores del rechazo califican la propuesta como una ley que favorece la extranjerización de territorios y profundiza procesos de desalojo.
Entre quienes encabezan el documento figuran Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados; Matías Oberlin, del Observatorio de Tierras (PRIHA-FCE); la senadora Malena Galmarini; la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti; el diputado nacional Juan Grabois; el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco; Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores; Pablo Moyano, de Camioneros; Hugo “Cachorro” Godoy, de ATE y la CTA Autónoma; y el obispo de Chascomús, Juan Ignacio Liébana, entre otros referentes.
Los cuestionamientos al proyecto
Uno de los principales focos de crítica apunta al capítulo referido a expropiaciones y regularización dominial. Los firmantes sostienen que la iniciativa restringe las facultades del Estado para expropiar bienes considerados estratégicos y modifica los criterios de indemnización, encareciendo este tipo de intervenciones públicas.
Otro de los aspectos observados es el vinculado a los alquileres. Según la solicitada, la propuesta elimina mecanismos de defensa para los inquilinos, acelera los procesos de desalojo y reduce las posibilidades de regularizar deudas para evitar la pérdida de la vivienda. Los impulsores del rechazo afirman que estas modificaciones afectarían a millones de hogares que actualmente alquilan en el país.
También cuestionan el capítulo dedicado a las tierras rurales. Allí denuncian que se eliminan los límites vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, habilitando la compra sin restricciones de extensiones de territorio nacional, incluso en áreas consideradas sensibles por su ubicación estratégica o por la presencia de recursos naturales.
En materia ambiental, la solicitada advierte que el proyecto deroga las restricciones que actualmente impiden cambiar el uso de suelos afectados por incendios durante un período de 60 años. Según los firmantes, esta modificación abriría la puerta a procesos de especulación inmobiliaria en bosques, humedales y otras áreas de valor ambiental.
Un llamado al Congreso
El texto concluye con un mensaje dirigido a los legisladores nacionales, a quienes insta a rechazar la iniciativa en su totalidad. Los firmantes sostienen que se trata de una ley cuyas consecuencias serían difíciles de revertir una vez aprobada y plantean que está en juego la defensa de la soberanía nacional.
La convocatoria reunió adhesiones de distintos espacios políticos, sindicales y sociales. Entre ellas se destacan las de la diputada nacional Adriana Serquis; el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo; Roberto Baradel, de CTERA; Rodolfo Aguiar, de ATE Nacional; Clara Chavalier, de CONADU; el diputado Hugo Moyano; Marta Maffei; Carlos Raimundi; la periodista Julia Mengolini; representantes del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro; referentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena y el exministro de Agricultura Julián Domínguez.
