Claudio Ferrari golpeó a miembros de la comunidad y habría ofrecido dinero por matar a tres referentes. Dos de ellos fueron detenidos e incomunicados.
Por Anouk Rubini
En las últimas semanas, la lucha que comunidades wichi están librando contra el empresario Claudio Ferrari en Salta escaló de modo alarmante: de la violencia material que significa la usurpación de su territorio vital, a la violencia física, detenciones y amenazas de muerte a tres miembros de la comunidad por parte del apropiador, en plena complicidad con la justicia local.
A estos hechos se sumó la detención, cerca de las 23 hs del miércoles 7 de enero, de los referentes wichí Marta Herrera y Leonardo Pantoja, acusados de lesiones contra el usurpador Ferrari.
El CELS, ASocIANA (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana) y el Comité de Prevención contra la Tortura presentaron un habeas corpus y un amicus curiae. Además, el pasado viernes 9 de enero a las 11 de la mañana, las comunidades wichí se movilizaron a Embarcación para manifestarse pacíficamente por la liberación de los detenidos. La policía de Padre Lozano interceptó a los manifestantes y les bloqueó el paso.
Finalmente, luego de días de profunda tensión, ese mismo viernes por la tarde se consiguió la libertad de Herrera; mientras que Pantoja fue liberado el lunes 12 al mediodía.
Para costear los gastos legales, especialmente considerando que las acciones judiciales en contra de los referentes continúan activas, la comunidad organizó una colecta solidaria de fondos.
Mariano Centeno, miembro de la comunidad y amigo de Pantoja, es quien organiza esta acción. Para colaborar, se puede donar al alias Wichando.25 o comunicarse al número 387-8319867.
Denuncias cruzadas y doble vara
Los referentes fueron detenidos cuando se presentaron en el destacamento policial de Padre Lozano para denunciar a Ferrari por el desmonte ilegal y amenazas de muerte contra Marta Herrera, su hijo y Balducho Villafuerte.
A pesar de estas acusaciones, el empresario no fue detenido. Quienes sí fueron privados de su libertad resultaron ser los denunciantes, Marta Herrera y Leonardo Pantoja, denunciados a su vez por Ferrari, por lesiones y amenazas.
Tras darse a conocer el hecho, representantes del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) arribaron a la localidad de Embarcación, a unos 50 km de las comunidades wichí de Misión Chaqueña y Carboncito, pero para ese momento Herrera y Pantoja ya habían sido trasladados a Tartagal.
Desde las comunidades wichí afectadas señalan que Ferrari, en una muestra de poder e intimidación, siguió el traslado de los detenidos con su camioneta.
Tanto Herrera como Pantoja permanecieron incomunicados los días que duró su privación de la libertad. Familiares de la mujer denunciaron que, por sus problemas de salud, ella necesitaba atención médica.
El viernes 9 de enero Marta fue liberada, mientras que Leonardo continuó preso hasta el lunes 12 al mediodía. Según el CELS, tales decisiones parecen «una represalia por sus reclamos ambientales y por el territorio».
El panorama es muy grave: preocupa la integridad de las y los amenazados y el acceso a la justicia de los detenidos, considerando no solo el racismo estructural que viven las poblaciones wichí en Salta sino también los vínculos de Ferrari con la Fiscalía y medios locales, que le garantizan impunidad.
Frente a este escenario, las comunidades originarias de Misión Chaqueña y Carboncito piden máxima difusión y que sus derechos como pueblo originario, contemplados constitucionalmente, sean respetados.
La ley garantiza, pero ¿quién respeta la ley?
Este conflicto comenzó hace tres años, cuando en enero de 2023 Claudio Ferrari, empresario agrícola salteño, dio inicio a sus intentos de apropiación de una franja de monte nativo de unas 140 hectáreas en medio del territorio de las comunidades wichi de Misión Chaqueña y Carboncito, con salida al camino vecinal y al Río Bermejo, en la Provincia de Salta.
La zona es habitada desde tiempos ancestrales por esta población indígena y cuenta con registro y relevamiento georreferenciado en el INAI. Es clave recordar que la Constitución Nacional contempla, desde 1994, el derecho de los pueblos originarios a la posesión y propiedad comunitaria de su territorio, en ningún caso enajenable, transmisible ni susceptible a gravámenes.
A pesar de lo que establece la ley, Ferrari sostuvo durante los últimos tres años intentos intermitentes de apropiación mediante tala, quema y alambrado en este sector de monte.
Estos sucesivos avasallamientos fueron respondidos por los wichí con resistencia pacífica y asesoramiento legal de parte de un abogado especialista en Derecho Indígena, pero a fines de 2025 nada fue suficiente para detener a este hombre, quien tiene vínculos de parentesco con miembros de la Fiscalía local.
La tensión alcanza un punto álgido: golpizas, amenazas, sobornos y detenciones
Según la abogada especialista en Derechos Humanos Eleonora Roncoroni, cuya cuñada Marta Herrera es parte de la resistencia wichí contra el desmonte y la apropiación ilegal, las comunidades de Misión Chaqueña y Carboncito tuvieron una asamblea en la previa del 24 de diciembre.
Allí, autoridades comunitarias acordaron tomar acciones concretas frente a la ausencia de justicia y cortar colectivamente el alambrado que Ferrari colocó de forma ilegal.
El primer corte de alambrado transcurrió sin mayores percances, pero la extensión es tal que la tarea no pudo terminarse en un día. Mediante una nueva asamblea, se acordó continuar el 31 de diciembre.
Fue esa tarde que se desató la violencia: Ferrari acudió furioso a la zona y, según relata Roncoroni, comenzó a atacar a palazos a quienes allí se encontraban. Las personas heridas se defendieron, con lo cual el empresario se retiró del lugar, también herido.
Aquí entran en juego los vínculos de Ferrari con la Fiscalía local y el racismo que todavía persiste a lo largo y ancho de Argentina. Roncoroni subraya que las autoridades policiales y judiciales de la zona son todas no indígenas o «criollas», como les llaman las personas wichí en Salta. En la comunidad originaria prima un sentimiento de antagonismo y desconfianza hacia los criollos, justificada por la discriminación constante que sufren bajo su trato.
La especialista denuncia que Ferrari consiguió, gracias a su posición en esa sociedad «criolla», certificaciones médicas que constatan que fue atacado con machetes (a pesar de que, según la abogada, los wichis no portaban tal elemento).
A su vez el periodista local Sergio Ariel Costilla difundió en redes la noticia sobre las heridas de Ferrari y la denuncia radicada por el empresario contra Herrera y Pantoja, por «lesiones y amenazas».
Miembros de la comunidad intentaron sin éxito hablar con Costilla sobre su versión de lo ocurrido. Ferrari, que a pesar de las exigencias de la comunidad wichí nunca mostró sus escrituras sobre el terreno, sí compartió con el periodista afín documentos que habría tramitado en una escribanía en Salta.
Horas más tarde de este hecho, sucedió lo ya mencionado: ambos referentes wichí fueron detenidos al intentar ellos mismos radicar una denuncia contra Ferrari, por amenazas y desmonte ilegal. En esta secuencia los wichí fueron los únicos detenidos. Ferrari continúa en libertad.
Al momento de cerrar esta nota, las acciones judiciales y la persecución contra esta comunidad originaria continúan, la usurpación del territorio sigue activa y Ferrari aún no afronta ninguna consecuencia por sus múltiples delitos. Todo indica que esta historia de apropiación de territorio y resistencia indígena aún está lejos de acabar.
