El Gobierno Nacional está dispuesto a privatizar la mayor empresa estatal de agua argentina, lo que representa una nueva violación a la soberanía nacional y un grave daño sobre el derecho humano de acceso al agua. El Resaltador dialogó con la ingeniera civil, María Eva Koutsovitis, integrante del Observatorio Derecho a la Ciudad, quien afirma que la decisión compromete la salud de millones.
El futuro llegó hace rato, y las tan anunciadas guerras o disputas por el agua, también: la privatización de Aysa está cerca. En Argentina se da un caso particular en el mundo: acá no se necesita tirar ni un disparo para quedarse con el control y el manejo del agua de un tercio de la población nacional total.
Malditos sean los tiempos donde hay que repetir lo obvio, diría Bertolt Brecht. Pero el agua tiene un solo sinónimo y es vida. No solo para la humanidad, la flora y la fauna, sino para todo el entramado productivo capitalista. No existe industria ni sistema agroextractivista sin el uso de este elemento vital, hoy amenazado.
El día de anunciar la privatización de la mayor, y una de las más estratégicas, empresas estatales de agua, llegó hace exactamente dos semanas atrás.
El pasado 18 de julio, Manuel Adorni, vocero presidencial, confirmó la decisión gubernamental de cederle al sector privado -todavía no hay comprador en puerta-, el 100% de las acciones estatales de Aysa, la firma nacional que se encarga de garantizar el derecho humano a más de 15 millones de personas en C.A.B.A y 26 partidos del conurbano bonaerense.
“La falta de acceso al agua potable limita la calidad de vida, aumenta la mortalidad infantil y obliga a las mujeres a duplicar el tiempo dedicado a tareas de cuidado. Por lo tanto, el acceso al agua es un derecho humano y no puede ser un argumento para la rentabilidad de una empresa”, expresa la Ing. María Eva Koutsovitis, integrante de Observatorio Derecho a la Ciudad, una organización social independiente e interdisciplinaria de C.A.B.A.
El rol de Aysa y los pasos hacia su privatización
Agua y Saneamientos Argentinos S.A., brinda, como dijimos, el servicio de agua y saneamiento a 15 millones de argentinos. Con 25.371 km de red de agua potable y 18.670 km de desagües cloacales, es una de las firmas más grandes de Latinoamérica.
Cuenta actualmente con 6.236 empleados directos, 1500 menos que el año pasado. Antes del anuncio de la privatización de Aysa, los despidos se efectuaron masivamente, situación que puede empeorar con el incierto panorama de su presente.
Estatizada en 2006 bajo la presidencia del ex presidente Néstor Kirchner, la empresa tiene como misión ofrecer servicios de agua potable y saneamiento universales, de calidad, sostenibles y eficientes, que contribuyan al bienestar de la población y al cuidado del medio ambiente.
Aysa fue una de las empresas que el Gobierno Nacional, a través de la Ley Bases, en su artículo 7, declaró como sujeta a privatización.
Para Eva, ese fue el primer paso hacia el cambio de paradigma sobre el uso y acceso al agua potable de las y los usuarios de la firma. Al que le siguió la eliminación de subsidios, lo que generó un aumento de tarifas de hasta un 1500% en 2024, con lo cual se buscó mostrar una empresa más rentable para futuros compradores, entiende la entrevistada.
Con la Argentina en plena crisis, el aumento de tarifas obviamente derramó pagos atrasados o incumplimiento de los mismos. A lo que Aysa respondió, aún en contra de su estatuto y de leyes nacionales y normas internacionales, restringiendo el servicio a caudales mínimos. Ahora, Nación permitió directamente realizar los cortes cuando el usuario se atrasa con un pago.
“La justicia debe declarar ilegal el DNU 493 que modifica el marco regulatorio de Aysa y permite la privatización. Es ilegal porque es regresivo en términos de derechos humanos y ambientales, porque no tuvo instancias de participación y porque pone en riesgo la salud de 15 millones de personas”, denuncia Eva.
Días atrás, el Observatorio Derecho a la Ciudad presentó una denuncia judicial contra la medida privatizadora y ya se sorteó el juzgado que dictaminará a favor o en contra de la presentación. Ahora, desde la organización se encuentran a la espera de una respuesta, confiando en que la justicia detenga el DNU. Eva enfatiza que, de no ser frenado, este decreto sentaría un precedente muy grave para toda la población argentina.
“La calidad del agua que vamos a recibir va a poner en riesgo nuestra salud, por lo que es muy preocupante el escenario en el que estamos”, advierte.
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Una decisión que afectará principalmente a las mujeres
La Ing. María Eva Koutsovitis pone especial énfasis en la carga laboral que podría recaer en las mujeres si se privatiza la empresa. La falta de agua potable lleva a diversas situaciones donde son estas quienes se ven doblemente perjudicadas por su condición.
La falta continua o regular del elemento vital, lleva a que las mujeres tengan que duplicar las horas que le dedican a las denominadas tareas de cuidado y hogar. Principalmente porque son ellas en quienes recae la responsabilidad de proveer el agua para el hogar o darle el uso adecuado.
La escasez o el corte del suministro obliga a una gestión más cuidadosa del agua, por lo que hay que racionarla para todo: beber, cocinar, lavar, limpiar. Tareas que recaen mayormente en las mujeres y las obliga -en esta grave situación- a estar el doble de tiempo que si tuvieran el suministro normalizado.
A su vez, la falta de agua a menudo conduce a enfermedades gastrointestinales y otras afecciones relacionadas a la higiene. Sucede en todas las familias, cuando alguien se enferma, son las madres, hermanas, hijas, quienes asumen la responsabilidad y el cuidado para con el enfermo, incrementando la carga de trabajo doméstico. Tiempo que se duplica en la casa, tiempo que se pierde en la educación y trabajos renumerados donde las mujeres ganan independencia.
Privada o pública: ¿Quién gestiona mejor?
Si la historia argentina es un «loop», como algunos dicen, entonces estamos de regreso a los 90, pero en una situación mundial con respecto al agua, por lejos peor.
El servicio de agua y saneamiento ya había sido privatizado en los años 90, durante el menemismo. En aquel entonces, la privatización de Obras Sanitarias llevó a la creación de Aguas Argentinas, una empresa de capitales franceses. Sí, así como lo lees: el agua de los argentinos en manos de privados franceses, una afrenta contra la soberanía nacional y el derecho humano a este elemento vital.
Esta fue una de las privatizaciones más grande del mundo en el sector del agua, recuerda la entrevistada. Y sintetiza aquél doloroso derrotero de la siguiente manera:
“Durante esa etapa, se duplicaron las tarifas, no se invirtió en infraestructura, y los residuos cloacales se volcaban al río sin tratamiento. La empresa tuvo años de incumplimiento y desinversión, lo que obligó al Estado a recuperar el control del servicio después de que distribuyera agua con niveles de nitrato y arsénico inaceptables. Este proceso resultó en juicios en el CIADI por 12 años, donde Argentina perdió más de USD$400 millones”.
En cambio, desde 2006 a 2024, en control público, los resultados, según la propia firma, son otros:
- 4,5 millones de personas accedieron por primera vez al servicio de agua corriente y 3,6 millones a la red de cloacas.
- La cobertura pasó del 79% a más del 85% en agua potable, y del 60% al 70% en cloacas.
- Se invirtió más de 20 veces lo que invirtió Aguas Argentinas mientras estuvo privatizada.
- Se construyeron 9 plantas depuradoras, una gran potabilizadora, y cientos de obras, lo que redujo la cantidad de cortes en un 57% y su duración en un 72%.
“Las empresas vinculadas a garantizar derechos básicos y esenciales no puedan estar en manos de capitales privados que, desde una perspectiva mercantilista, se van a ocupar de brindar el servicio solo si es rentable”, acusa Eva.
Particularmente, en este año que se habla de privatización, Aysa logró un superávit operativo por primera vez desde 2007, logrando hasta la independencia de los fondos del propio Estado. Sin embargo, el Gobierno Nacional expresa que la firma es una sangría financiera para el Tesoro Nacional.
“Las obras de infraestructura (rutas, escuelas, hospitales, redes de agua) requieren fondos públicos, por lo que la rentabilidad no debe ser el único argumento. La inversión en agua, de hecho, tiene un retorno de USD2,50 en el sistema de salud por cada dólar invertido”, expresa Koutsovitis.
Mekorot, agua contaminada que se escurre entre la grieta
A días del anuncio de los cambios en el estatuto de Aysa y la búsqueda de su privatización, una de las firmas que apareció -según distintas fuentes periodísticas- como supuesta interesada en la adquisición de la misma, fue Mekorot, la empresa estatal israelí de agua. Pero ¿Puede Mekorot quedarse con la firma argentina?
Mekorot es una firma que hasta la pandemia era desconocida por gran parte de la población nacional, pero debido a la gestión del ex ministro del interior, Wado de Pedro, esta ingresó al país a través de acuerdos que fue logrando con el Consejo Federal de Inversión (CFI) y distintas provincias argentinas.
Esta empresa ha sido denunciada ante la ONU por generar un apartheid hídrico, usar el arma como instrumento de guerra y ser una de las patas responsables del genocidio que Israel ejecuta sobre Palestina desde hace décadas.
Con el supuesto objetivo de diseñar una mejor y más eficiente gestión de este bien común en las provincias; el diseño de planes maestros de obras; la organización de esquemas tarifarios y organigramas administrativos; entre otros supuestos objetivos, la empresa de la entidad sionista se hizo -solo para el año 2023-, de 10 acuerdos con las siguientes provincias: Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Chubut.
Estos acuerdos fueron públicos, pero confidenciales, la letra chica no salió a la luz hasta el año pasado y en un solo caso: Río Negro. Según Tiempo Argentino, quien tuvo acceso al convenio, el Estado de Río Negro aceptó cederle la propiedad intelectual sobre la información hídrica y geológica de la provincia, le garantizó inmunidad a su personal, y asumió la responsabilidad y los costos que la empresa pudiera causar.
Por si fuera poco, en la 8va cláusula, la empresa estatal israelí se adjudica ser la única propietaria de toda la información hídrica del suelo y subsuelo rionegrino, al tiempo que también se adjudica exclusividad sobre qué es lo que el estado provincial puede conocer, y qué no, sobre sus propia agua.
«Cláusula arbitral: en caso de controversias no solucionadas se recurrirá a un árbitro único en Inglaterra, conforme al reglamento de la Cámara de Comercio Internacional (…) el contrato se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de Inglaterra”, se expresa la 11va cláusula del acuerdo.
A pesar de los pedidos de informe a las demás provincias por parte del Observatorio Derecho a la Ciudad, y también por la campaña Fuera Mekorot, basados en el Acuerdo de Escazú, la Ley de Acceso a la Información Pública y otros recursos presentados, no hubo respuestas oficiales de las administraciones provinciales ni del CFI. Pero se sospecha que las demás provincias habrían firmado acuerdos similares.
Para Eva, estos acuerdos suponen una “marcada violación a la soberanía nacional argentina”. Y también un destrato para con las capacidades nacionales y profesionales argentinos:
“Argentina cuenta con excelentes profesionales y técnicos capacitados para dar un debate, junto a las organizaciones ambientales, sociales y nuestras comunidades, sobre cómo planificar estratégicamente nuestros recursos hídricos”, comenta.
El cambio de gobierno a fines del 2023 no solo no modificó la grave situación sino que tendió hacia su profundización. Jujuy, Chubut y Neuquén se sumaron al listado de provincias con nuevos convenios firmados con Mekorot.
“Es una pérdida absoluta de soberanía. Para quienes plantean que la prestación de estos servicios es más eficiente en manos privadas, lo cierto es que tenemos ejemplos importantísimos de lo contrario. Una de las mejores prestadoras de servicios de agua y saneamiento del mundo, que incluso está debatiendo la gratuidad, es la empresa pública de París. También tenemos ejemplos en Shangái y Beijing”, advierte Eva.
Aunque Mekorot aseguró que no será la empresa que compre el 90% de las acciones de AYSA, su rol como asesor es preocupante, anticipa la entrevistada.
“La privatización y la modificación del marco regulatorio del agua son cuestiones urgentes que deben debatirse en la agenda pública y ser rechazadas”, concluye.
Una afrenta contra la Nación y la memoria histórica
Hasta hace unos días atrás, se desconocía que Mekorot estaba como asesora de Aysa. La confesión ocurrió cuando Diego Berger, argentino israelí autoridad de la firma, fue entrevistado en el Destape Radio. Allí afirmó que Mekorot no tiene autorizado en su estatuto la adquisición de capitales extranjeros, pero afirmó que sí se estaba prestando servicio a la firma nacional. Buenos Aires no estaba -hasta ahora- ubicada como otra provincia con acuerdo con la estatal sionista.
Sin embargo, nos preguntamos: ¿Acaso no es adquirir un capital extranjero cuando por ejemplo, Río Negro, le cedió a Israel la propiedad intelectual de todos los recursos hídricos de su territorio?
Es probable que Berger, quien además nos demanda a los argentinos que nos hagamos con la cultura de la escasez, solo quiera agregar más confusión.
Lo que sí está claro, es que el lobby israelí y la influencia sionista en Argentina no entiende de grieta. Debería preocuparnos que una empresa que usa el agua como arma de guerra e impone una visión mercantilista de la misma, se haga con el agua de más de la mitad del territorio nacional.
No solo es una afrenta a la Soberanía Nacional sino también a la memoria histórica. Argentina, un país referente en la defensa de los Derechos Humanos, reconocida mundialmente por juzgar genocidas, ahora está siendo funcional al genocidio palestino y comprometiendo el derecho humano de acceso al agua a toda su población y también a las generaciones venideras.
