A 18 meses de la derogación de la ley de alquileres, Inquilinos Agrupados realizó una nueva encuesta para determinar la condición de los alquileres. De 1402 casos, el 88% de los inquilinos cree que tendrá dificultades para poder pagar el alquiler.
Inquilinos Agrupados realizó una nueva encuesta nacional trimestral para determinar “¿Cómo estamos a 18 meses del gobierno que derogó la ley de alquileres?” y el 30% respondió que tuvo que dejar una vivienda por no poder afrontar los aumentos.
El porcentaje de desalojo económico en diciembre fue del 25%, tal como detalló la organización.
Esto “marca un aumento de la crisis habitacional”, según los 1402 casos encuestados. En sintonía, el 9,2% de los inquilinos están desempleados y el 35,3% está buscando más trabajo.
A su vez, el 27,7% tiene un familiar que perdió el trabajo y el 67% está ‘preocupado’ por la cantidad de horas de trabajo.
Entre los datos más disparejos, el 88% de los inquilinos cree que tendrá dificultades para poder pagar el alquiler de la vivienda, mientras que el solo 12% restante cree lo contrario, que podrá afrontar el aumento de los precios ‘sin problemas’.
El estudio determina que frente a los aumentos de bienes fundamentales, el endeudamiento es cada vez mayor, con subas en el consumo con tarjeta de crédito del 51%, incrementos en alimentos y el alquiler del 38% y 30% (respectivamente).
Por su parte, el 65% de los inquilinos está endeudado y el 48% tiene los pagos atrasados.
Además, preguntaron sobre el rumbo político y económico de la gestión libertaria.
Frente a las diferentes desregularizaciones efectuadas por MIlei, el 87,4% de los consultados no está “nada de acuerdo” ni acompaña la idea de ‘libre mercado’. Ante esto, el 77% cree que el Estado debe regular el precio del alquiler.
También se les consultó sobre si hay que limitar la cantidad de viviendas que puede tener una persona o una empresa, y el 56,5% aseguró que no debe haber concentración de viviendas en “pocas manos”.
El 83,4% asegura que no debe haber viviendas vacías por más de tres meses.
La mayoría de los inquilinos cree que los contratos tienen que ser más largos para garantizar estabilidad en la vivienda: el 53% estableció un contrato de tres años, el 30% de cinco años y el 6,4% de siete años.
Desde el DNU
A partir del DNU que derogó la ley de alquileres, el 94% de los inquilinos tienen contratos de vivienda por dos años o menos y el 82% tiene actualizaciones cada menos de cuatro meses. Desde la organización insisten que “los aumentos frecuentes con salarios congelados hacen imposible sostener el pago del alquiler”.
La Ley de Alquileres, en su versión de 2020, disponía que los contratos debían durar 3 años, que el alquiler aumentaría de forma anual y con base en el Índice para Contratos de Locación (ICL), compuesto por el 50% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el 50% de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que marca la evolución del salario privado.
En diciembre de 2023, Milei dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que derogó dicha ley (y muchas más). Desde la entrada en vigencia del DNU, para los nuevos contratos el propietario y el inquilino pueden negociar la duración del alquiler y la variación de los aumentos.
Además, los contratos se pueden registrar en dólares o en cualquier otro tipo de moneda que las partes consideren.
Gervasio Muñoz, titular de la organización, precisó que si bien aumentó la oferta a partir de la derogación de la Ley de Alquileres, fue porque los propietarios “pueden fijar las condiciones que se les antojen”.
El problema que vienen denunciando Inquilinos Agrupados es que las condiciones las imponen los propietarios: “Todo lo que no se legisla explícita y taxativamente en favor del más débil, queda implícitamente legislado en favor del más fuerte”.
