Tres años de prisión por ecocidio: Un antecedente para que los funcionarios respeten las normativas ambientales
Raúl Costa, ex secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, fue hallado culpable por el delito de "abuso de autoridad reiterada" por el jurado popular de la Cámara 10 del Crimen de Tribunales Provinciales II. Costa fue condenado a 3 años de prisión condicional por haber autorizado dos emprendimientos en San Antonio de Arredondo […]
Por El Resaltador | 04/27/2023
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Raúl Costa, ex secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, fue hallado culpable por el delito de "abuso de autoridad reiterada" por el jurado popular de la Cámara 10 del Crimen de Tribunales Provinciales II.
Costa fue condenado a 3 años de prisión condicional por haber autorizado dos emprendimientos en San Antonio de Arredondo en un sitio considerado "zona roja" según la Ley de Bosques: uno inmobiliario -El Dorado 2- y la otra es una subestación eléctrica de EPEC.
La pena también incluye la inhabilitación para ocupar cargos públicos por seis años y el cumplimiento efectivo de reglas de conducta establecidas por el tribunal.
En diálogo con EL RESALTADOR, Juan Smith, abogado ambientalista que acompañó la causa, explicó que la setencia fue resuelta por un jurado plural conformado por jurados populares y jurados técnicos.
"Las dos resoluciones contrariaban toda la normativa ambiental vigente en la Provincia y de la Nación que el ex secretario de Ambiente tenía la responsabilidad de hacer cumplir", dijo Smith.
El abogado comentó que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 17 de mayo, y que seguramente van a servir como fundamentos de las actuaciones que todos los funcionarios en la Provincia de Córdoba tienen que tener a la hora de respetar las normativas ambientales y de cómo deben cumplir con las mismas.
"Aguardamos esa situación y estamos muy atentos porque si bien esta es una denuncia que inicia la asociación adarsa con el patrocinio letrado de la doctora Marcela Fernández, y cuyo querellante es el señor Juan Carlos Ferrero, también estamos esperando que con la resolución 1200 que autorizó a la empresa Ticupill al emprendimiento inmobiliario en "Zona Roja" en la cuenca media alta de Candonga, se apure esa cuestión para que, finalmente, en una audiencia pública podamos dilucidar si el por entonces secretario de Ambiente, hoy funcionario del Gobierno de la Provincia, dictó esa resolución también en franca oposición a las leyes ambientales vigentes, y por tanto, debe ser también responsable penalmente por el abuso de autoridad", concluyó Smith.
