Córdoba

Solo el 12% de los genocidas condenados en Córdoba cumple su pena en la cárcel

Así lo determinó un informe de la Asamblea Permanente por los DDHH de Córdoba. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) emitió un informe basado en información del Ministerio de Justicia y DDHH que arrojó que, en los últimos 15 años, fueron alojados un total de 58 genocidas en las cárceles que dependen del […]

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Así lo determinó un informe de la Asamblea Permanente por los DDHH de Córdoba.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) emitió un informe basado en información del Ministerio de Justicia y DDHH que arrojó que, en los últimos 15 años, fueron alojados un total de 58 genocidas en las cárceles que dependen del Servicio Penitenciario de Córdoba.

De ese total de condenados por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1983, solo siete sigue purgando sus penas en establecimientos carcelarios. Esto significa que hay 51 represores que fueron beneficiados con la prisión domiciliaria, 6 de ellos ya fallecidos.

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Lo anterior da cuenta de que 45 genocidas pasaron el 24 de marzo en sus casas por motivos de salud o por ser mayores de 70 años. Entre ellos, el ex capitán carapintada Ernesto Guillermo "Nabo" Barreiro y los oficiales del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, teniente primero Carlos "El Principito" Villanueva y sargento Carlos "HB" Díaz, juzgados actualmente por el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba por delitos de lesa humanidad como secuestros, torturas y homicidios cometidos en 1979 en la causa "La Casa de Guiñazú", locación apropiada ilegalmente detrás del predio del Liceo Militar General Paz, donde operó un centro clandestino de detención desde 1977.

"No queremos vivir con genocidas sueltos"

En este marco, desde la APDH plantearon que "la imprescriptibilidad de la persecución penal de los crímenes de lesa humanidad se funda en la necesidad de que no queden impunes, puesto que está comprometido el interés de la comunidad internacional, de la cual Argentina es parte".

Asimismo, ratificaron: "No queremos convivir con genocidas sueltos, sabemos que algunos no cumplen con la prisión domiciliaria y no tienen la vigilancia que ameritan los graves crímenes cometidos por ellos".

De igual modo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos señaló la responsabilidad del Estado nacional a la hora de cumplir con los compromisos internacionales asumidos, "en virtud del cual la garantía de la tutela judicial efectiva de los DDHH comprende también el derecho de las víctimas y sus familiares al conocimiento de la verdad y el castigo penal de los autores de delitos de lesa humanidad".

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