Pese a la oposición de los vecinos, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que habilita el loteo de espacios públicos para la construcción de un barrio cerrado. Dialogamos con la Asociación Civil Monte Vivo en torno a la problemática.
El pasado 6 de octubre, en medio de una cuestionada sesión, el Concejo Deliberante de Salsipuedes, a instancias del Departamento Ejecutivo de la municipalidad, aprobó una ordenanza que autoriza a privatizar espacios de dominio público.
La finalidad de esta decisión es avalar el desarrollo inmobiliario de montaña. Concretamente, permiten la instalación del barrio cerrado «Estancia San Miguel», en la zona sur de la localidad.
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En diálogo con El Resaltador, desde la Asociación Civil Monte Vivo explicaron que esta ordenanza «hace oídos sordos» a toda legislación socioambiental, y cuenta con la oposición de los habitantes de la ciudad.
«Esto no solo retrasa y marca un punto de inflexión a nivel social para Salsipuedes y todo el corredor, sino que además no tiene argumentos de protección ambiental, en una zona al borde del colapso, que cuenta con amplias regiones de monte nativo en peligro«, resaltaron.
A lo anterior, agregaron que «desde una retórica hueca, las y los concejales no ensayaron ni un argumento para defender la ordenanza, más que decir que la Provincia se los permitió». Esto sienta un precedente que, lastimosamente, habilita llenar de barrios cerrados el escaso monte nativo de Salsipuedes, que viene sufriendo desde hace tiempo una sostenida crisis hídrica.
Irregularidades durante la sesión
La Asociación Civil Monte Vivo ratificó que la sesión se llevó adelante en medio de notorias irregularidades:
- Hubo una total falta de acceso público a la información sobre el proyecto de ordenanza. La noticia del tratamiento del cuestionado proyecto fue comunicada con 48 hs de antelación a los/as concejales, sin siquiera proveerles de una copia del amplio anexo que acompañaba la propuesta, el cuál debían solicitar aparte.
- Se obstaculiza el derecho a la participación ciudadana, durante la sesión fue sumamente difícil tomar la palabra y exponer argumentaciones.
- El abogado, representante legal del municipio, lanzó amenazas y llegó a invitar a pelear a los asistentes, viviendo un momento de violencia política/institucional ejercida por un funcionario público en el uso de sus funciones.
- Formó parte de la votación la presidenta del órgano legislativo, cuando no tenía esa competencia.
- La ordenanza llama «vacíos urbanos» a las zonas de protección ambiental, categorizadas como zona roja según la Ley Nº 9.814 de ordenamiento territorial de bosques nativos de la Provincia de Córdoba.
- El funcionario del Área de Ambiente, refiere que se recategorizó la «mancha roja» cuando esto es una falacia, el municipio no posee potestad de modificar esas categorías de bosque, está vedado por la ley. Lo que permite la legislación es la ampliación en la protección de territorios, no su regresión como en este caso.
- Se propicia el cambio de uso de suelo sin auditoría pública, basándose en un informe de la Facultad de Ciencias Agropecuarias UNC que enfatiza sobre manejo del bosque, sin considerar, por ejemplo, las dimensiones hídricas, socio-culturales, históricas y paisajísticas. Tampoco menciona ese informe quien cumpliría el manejo del bosque una vez aprobado el barrio cerrado.
- Este proyecto inmobiliario tiene como corolario la destrucción del paisaje en las hectáreas comprendidas. Paisaje que se integra a la Reserva Hídrica y Natural de Salsipuedes, que cuenta con el «diquecito» como patrimonio arquitectónico al igual que la Gruta San Miguel.
- El río de Salsipuedes viene disminuyendo su caudal progresivamente y la instalación de 213 unidades habitacionales más, colaboran a su depresión.
- En este sentido, el proyecto «prevé» la construcción de galerías filtrantes, pero sin evaluación de la capacidad del recurso hídrico suficiente, dicha obra es inocua.
- Desoye la situación judicial, considerando que el loteo se encuentra incluido dentro del amparo ambiental colectivo sobre el que la Justicia no se habría expedido.
- El loteo cerrado afectará la circulación de quienes habitan el barrio circundante: Villa Silvina. Al momento no está permitido el acceso y los alambrados han quitado territorio de uso público a la población.
- El loteo cerrado está ubicado en un loteo catastral existente, con calles de acceso público previamente delimitadas a la que vecinas y vecinos no tendrán acceso.
Quienes integran la Asociación Civil se contactaron con asambleas ambientales y organizaciones afines de la región, e incluso se presentaron antes de la sesión del Concejo para evitar el tratamiento y la aprobación de la ordenanza. «A pesar de ejercer nuestro derecho a participar y decidir qué queremos sobre nuestros territorios, la normativa estaba cocinada», lamentaron.
