"La tierra es la identidad de las familias campesinas"

Dialogamos con el abogado del Movimiento Campesino de Córdoba, Raúl Almeida, en torno a la situación jurídica de una familia campesina del norte cordobés sobre la que recae una orden de desalojo.

Juan Carlos y Norma residen desde 1978 en una casa ubicada a pocos kilómetros de Ischilín, en la pedanía Copacabana. Desde entonces, se dedican a la producción ganadera a baja escala. En dicha zona, esta es la práctica productiva tradicional.

Desde hace varios años, la familia vive en estado de alerta por una orden judicial que busca desalojarlos de su hogar. El heredero del dueño de las tierras contiguas, asegura que la vivienda y el campo del matrimonio le pertenecen, aún cuando existen sobradas pruebas de que Juan Carlos y Norma son legítimos poseedores.

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Durante mucho tiempo, en nuestro país primó la idea de que la tierra era ilimitada. Sin embargo, con una marcada tendencia creciente, desde los 90' hasta el presente se ha profundizado la problemática ligada a la tenencia de este recurso.

Este proceso coincide con el llamado "Plan de Convertibilidad", pues a partir de este se produjeron cambios de escala en los sistemas productivos agropecuarios con el fin de sostener los ingresos. Asimismo, se dio una fuerte transferencia de recursos desde el sector urbano hacia las áreas rurales y un avance sin precedentes que afectó a las tierras ociosas y a la frontera agraria para cultivar soja y otros cereales y oleaginosas.

Según datos brindados por el Censo Nacional Agropecuario (CNA), en los últimos 30 años desaparecieron más del 40% de las explotaciones agropecuarias, concentrándose la tierra en pocas manos: el 1% de las explotaciones controla el 36% de la tierra, mientras que el 55% de las chacras pequeñas tiene solo el 2%.

Esta situación se liga directamente al agronegocio, un modelo productivo que conducen las grandes empresas y prioriza la exportación.

La orden de desalojo que pesa sobre Juan Carlos y Norma no representa un hecho aislado. En la provincia de Córdoba, las familias campesinas sufren día a día el avance del capital sobre sus tierras, tierras que son una parte nodal de su identidad.

Para conocer en profundidad cuál es la situación jurídica de la familia, dialogamos con Raúl Almeida, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba (parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra) y representante legal de Juan Carlos y Norma.

Una orden de desalojo inconstitucional

Almeida explicó que hace alrededor de 40 años, Juan Carlos y Norma fueron peones de dicho lugar. "La sociedad empleadora estaba presidida por gente que nunca vivió acá, incluso algunos ni siquiera son del país", resaltó. En otras palabras, en los albores de esta historia fueron puesteros de esta empresa y cumplían con órdenes dictadas por los dueños.

Sin embargo, con el correr de los años hubo un "total abandono del campo" y existen sobradas pruebas de que ellos pasaron a ser poseedores de la vivienda y la tierra. "Esto implica derechos que deben ser defendidos y no vulnerados como está ocurriendo aquí", plantea Almeida.

Juan Carlos y Norma fueron víctimas de un juicio que terminó con una sentencia de desalojo. Fue allí que Almeida tomó el caso y apeló el veredicto. "En esa apelación planteamos la inconstitucionalidad de los artículos que no permiten presentar pruebas en ese momento del proceso judicial".

Lo anterior se liga a que la Justicia no habilita que la familia presente las pruebas fehacientes que acreditan que hubo una "interversión de títulos", y que efectivamente pasaron a ser legítimos poseedores.

Por lo antedicho, Almeida se refirió a lo "cínico del sistema" puesto que en este caso hay una realidad: Juan Carlos y Norma son dueños de esas tierras pero no pueden demostrarlo. "Le estamos solicitando a la Cámara Civil y Comercial de Cruz del Eje para que vean si pueden reveer esta situación", explicó el abogado.

Asimismo, remarcó que acudirán a todas las instancias existentes para evitar que la orden de desalojo se concrete. "Obviamente, invocando la lógica jurídica que dice que en estos casos debe haber una casación del Tribunal Superior de Justicia y esa casación es la que, hipotéticamente, logre suspenderlo".

Esta situación desesperante para Juan Carlos y Norma es responsabilidad de los tres poderes que conforman el Estado. "Todos son responsables de no responder a derechos básicos y humanos, a una vida digna, pero el Judicial es el que debería responder en primera instancia", dijo Almeida.

Desarraigo de la vida y la identidad

Si la orden de desalojo se efectiviza, no solo implicaría la pérdida de bienes materiales -es decir, la casa y el campo- sino además desmantelaría por completo la identidad y la vida de esta familia.

"El sujeto campesino defiende un modo de vida y de producción, por lo que su protección debería ser estratégica para el Estado. Esto hace a la soberanía alimentaria, es algo que debiera ser fundamental", manifestó el abogado del Movimiento Nacional Campesino Indígena.

Sumado a ello, expresó que "la tierra conforma la identidad de las familias campesinas tradicionales" y que con los desalojos "se genera un desarraigo, un desdibujamiento del paisaje humano. Están derribando todo lo que conforma a ese sujeto, están destruyendo alimentos sanos y libres de agrotóxicos para los pueblos".

Por lo tanto, lo fundamental en este caso es que "la Justicia pueda rever el juicio, y tenga presente que ante la más mínima duda de existencia de posesión no puede avanzar con el desalojo", finalizó.

En esta nota: Campesinos, Movimiento campesino