Inquilinos Córdoba criticó el protocolo de alerta temprana de desalojos
Mediante una circular, la asociación de inquilinos cuestionó la utilidad de la herramienta implementada por el gobierno nacional. Indican que no se incluye a los contratos previos al 1 de julio de 2020, ni a los alquileres informales. Expresan que entre abril del 2020 y marzo del 2021, se iniciaron 426 causas por desalojos en […]
Por Ramiro Quintanilla | 04/22/2021
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Mediante una circular, la asociación de inquilinos cuestionó la utilidad de la herramienta implementada por el gobierno nacional. Indican que no se incluye a los contratos previos al 1 de julio de 2020, ni a los alquileres informales. Expresan que entre abril del 2020 y marzo del 2021, se iniciaron 426 causas por desalojos en Córdoba.
Inquilinos Córdoba realizó una comunicación cuestionando el Protocolo de Alerta Temprana de Desalojos emitido por el gobierno nacional. Se trata de una herramienta aprobada recientemente por la Secretaría de Desarrollo Territorial que tiene como objetivo establecer un marco de actuación institucional, tendiente a sistematizar información y caracterizar los hogares que se encuentren atravesando procesos de desalojo en instancia de mediación o judicial.
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La asociación de inquilinos indica que la finalización del DNU 320/20 que congelaba los alquileres y prohibía desalojos, dejo desprotegidas a casi el 40% de las familias inquilinas en Córdoba. Explican que hay dos problemáticas, principalmente: "Por un lado, las familias que han podido cumplir durante la pandemia con sus obligaciones y por vencimiento de contrato deben renovar o buscar una nueva vivienda, se encuentran con aumentos superiores al 60% entre contratos. En peor situación, se encuentran quienes por falta de ingresos o trabajo no pudieron cumplir, durante la pandemia, con el pago de los alquileres o aumentos pactados y se encuentran muy endeudadas y con inicio de desalojos".
Otro punto que destacan desde la organización es que ha habido muchos incumplimientos del DNU 320/20 así cómo también de la Ley Nacional de Alquileres. "Desde aumento de precios de los alquileres imposibles de afrontar, la presión para diversas formas de pago sin registro bancario, las exigencias en conceptos de garantías o gastos ilegales hasta la ejecución de desalojos cuando la vigencia, del DNU 320/20 lo prohibía", se indica en la circular.
Por estos motivos y ante el panorama actual es que desde Inquilinos Córdoba critican el Protocolo de Alerta Temprana de Desalojos emitido por el gobierno nacional. Indican el protocolo no incluye a los contratos anterior a la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres el 1 de julio de 2020. "Este dato no es menor ya que la gran mayoría de los y las inquilinas que han hecho uso del DNU de alquileres (DNU 320/20, sus prórrogas y modificatorias) tienen contratos celebrados con fecha anterior al 1 de julio de 2020" afirman.
A su vez, indican que no se incluyen los contratos informales, ni los contratos no registrados en AFIP. Ésta última condición sólo debe realizarse desde la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, el 1 de julio de 2020.
Por otra parte, manifiestan que el protocolo prevé la suscripción de convenios de colaboración y asistencia técnica con organismos y poderes públicos, los cuales no se han realizado. "Al presente tales convenios de colaboración y/o asistencia técnica, si es que han sido celebrados entre estamentos gubernamentales de los tres niveles (Nación-Provincia-Municipios) no han sido comunicados a la población en general ni en particular a los inquilinos e inquilinas" explicitan.
Por último, afirman que la Asociación de Inquilinos Córdoba, no ha sido contactada por ningún estamento del estado a los fines de resolver la problemática, o de articular soluciones en estos conflictos. Al respecto, enfatizan que "es urgente la articulación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la temática desde hace muchos años".
Concluyen indicando que: "El Protocolo Nacional de alerta temprana de desalojos, sólo será eficaz en la medida en que los distintos niveles de gobierno trabajen coordinadamente y sumen a la mesa de trabajo a las organizaciones de la sociedad civil; mientras tanto sólo tenemos la letra muerta de una norma que no contempla ni abarca la realidad inquilina en Argentina en pandemia".
