Fuerzas Armadas y democracia

Foto: Luciano Thieberger.

Durante la jornada de ayer se conoció que el presidente Mauricio Macri decretó que las Fuerzas Armadas comenzarán a intervenir en la seguridad interior del país, para combatir el narcotráfico y el terrorismo. La noticia, que tuvo amplias repercusiones a nivel internacional, conmocionó a los ciudadanos por la historia reciente de represión que protagonizaron las fuerzas castrenses.

Y es que la decisión del Gobierno se corresponde con una serie de medidas arbitrarias que vienen tomando desde que asumieron; el acuerdo con el FMI y convenios bilaterales con Estados Unidos son muestra de ello. A continuación, desarrollaremos los antecedentes a estas disposiciones.

Desde el advenimiento de la democracia, se intenta saldar la deuda pendiente con aquellos y aquellas que sufrieron el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. La conformación de un banco de datos para restituir nietos y nietas apropiados; las investigaciones para reconocer a los militantes desaparecidos; la campaña “Nunca Más” y el inicio de juicios contra los ejecutores de crímenes de lesa humanidad, son algunas de las políticas ejecutadas en materia de derechos humanos.

Sin embargo, para que se garanticen dichas políticas y se logre la subordinación total de las Fuerzas Armadas, se debió legislar a lo largo de los 35 años de democracia. La Ley de Defensa Nacional fue sancionada en 1988 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, luego de un complejo proceso sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, en 1991, durante la presidencia de Menem, se sancionó la Ley de Seguridad Interior. Pero es durante la presidencia de De La Rúa cuando se dictamina la Ley de Inteligencia que prohíbe expresamente la actividad de espionaje en el país.

Este armado legal se completó a partir del Decreto 727/06 reglamentario de la Ley de Defensa, firmado por el expresidente Néstor Kirchner, que reafirma el carácter de utilización de las Fuerzas Armadas en el caso de ataques por parte de otros estados.  

Para decretar las actuales modificaciones, el presidente Mauricio Macri, junto al ministro de Defensa Oscar Aguad y el jefe de Gabinete Marcos Peña, debieron adecuar las normativas al siguiente objetivo: “Que tanto el sistema de defensa como su instrumento militar se justifican a partir de la existencia misma del Estado y no de la definición de determinado escenario temporal y sus correspondientes amenazas, y que su esencia se relaciona con el eventual ejercicio del monopolio de la fuerza para la resolución del conflicto en toda su gama, desde la crisis hasta la guerra o el conflicto armado internacional, según lo disponga el Poder Ejecutivo Nacional”.

Lee también: Macri aprobó por Decreto la modificación de las Fuerzas Armadas.

El narcotráfico como excusa

Según un estudio publicado por el CELS en 2018, el primer acercamiento hacia una reestructuración de las Fuerzas Armadas fue en 2011, cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través del Decreto 152/16, permitió el despliegue terrestre de tropas en las fronteras para prevenir el tráfico de drogas. Además, en 2014 ingresó un documento al Congreso de la Nación firmado por la ex ministra de Seguridad Nilda Garré, para derogar el Decreto 727/06 que reglamenta la Ley de Defensa Nacional. Pero fue con la asunción de Cambiemos en el Gobierno que las relaciones con el Ejército Argentino se volvieron más fluidas.

Durante su campaña presidencial, Mauricio Macri anunciaba el “rol preponderante y participativo” que los militares jugarían para erradicar la “pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos”. Esto muestra que el decreto que modifica las actuaciones dentro de nuestro país fue algo planificado en su esquema político y económico para gobernar.

El primer paso fue derogar los decretos 436/48 y 101/85, firmados por el expresidente Ricardo Alfonsín, que establecían la supervisión civil por parte del Ministerio de Defensa sobre las tres Fuerzas Armadas. Por el contrario, el Decreto 721 permite que muchas de las decisiones que se tomen queden en manos de los militares, como pases y bajas de efectivos o la movilización de tropas en caso de “conflictos” o “crisis”.

Pero la antesala a este decreto fue el firmado en enero de 2016, que declaró “la emergencia pública” para permitir el derribo de avionetas “sospechosas” en las fronteras argentinas, por parte de las Fuerzas Armadas. Esta medida violaba la legislación argentina en dos sentidos: primero, porque en nuestro país no está permitida la pena de muerte como castigo y, en segundo lugar, porque involucra al Ejército Argentino en la resolución de conflictos internos.

Estados Unidos en Argentina y América Latina

La modificación en las tareas de los efectivos militares guarda relación con una serie de iniciativas geopolíticas por parte de Estados Unidos en la región. A principio de este año, el “Comando Sur” (brigada específica que desarrolla actividades tácticas en América Latina y El Caribe) presentó un plan a desarrollar en un plazo de diez años. Dentro de sus objetivos, menciona el reconocimiento de problemas específicos:  

  • Redes ilícitas transregionales y transnacionales;
  • desastres naturales y el brote de enfermedades infecciosas, que se agravan a raíz de la pobreza y la ingobernabilidad (generan inestabilidad, migración, etc.);
  • la mayor presencia de China, Rusia e Irán en la región.

Y también especifica las tareas que debe realizar la brigada en territorios “no explorados” -como lo es Argentina- a cambio de recursos tecnológicos y misiones de paz, articuladas por la ONU

Durante su conferencia en Campo de Mayo, el presidente declaró la necesidad de adecuar las Fuerzas Armadas para que enfrenten “desafíos y amenazas del siglo XXI”. Lo cual muestra que los objetivos del gobierno de Cambiemos van en sintonía con el plan estratégico de Estados unidos en el Cono Sur.

Pero el despliegue de tropas norteamericanas en nuestro país comenzó en 2006, cuando el exministro Aníbal Fernández permitió que dicho comando estableciera misiones de ayuda humanitaria en el país, con la excusa de concientizar y capacitar a la población en riesgo. Cinco años más tarde, en 2011, el Gobierno de Cristina Fernández permitió que se ubique una base de apoyo logístico a las investigaciones científicas de la Antártida en Ushuaia.

Esta injerencia en el control de información y recolección de datos ha sido implementada en otros países latinos que actualmente enfrentan graves problemas sociales y políticos. Ejemplo de ello son Nicaragua y Ecuador, que, al restringir sus políticas de defensa y seguridad, fueron atacados con golpes institucionales; o el caso de México, que dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas en el crimen organizado y, por el contrario, provocó su aumento, llegando a incrementar en un 1000% la cifra de denuncias por tortura y asesinato. Otro ejemplo similar es el de Colombia, que atravesó un extenso conflicto armado en el cual se efectuó el asesinato de personas como indicador de eficacia.

Por estos antecedentes y por las consecuencias que puedan desencadenarse con estas decisiones, es que diversos organismos de derechos humanos, referentes políticos y de luchas sociales convocan a una movilización en todo el país el próximo jueves 26 de julio.

Por si te lo perdiste: El Presidente Macri anunció re estructuración de las Fuerzas Armadas.

Soledad Cortez

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