Comenzó el debate por la criminalización de la protesta en la Legislatura de Córdoba

La legisladora Luciana Echevarría denunció que el PJ y la UCR "buscan cercenar el derecho a la protesta", mientras que no debaten "ninguna medida para paliar la crisis económica".

En la Legislatura de Córdoba comenzó el debate para fijar poner limitaciones y sanciones a las protestas o manifestaciones en la vía pública en la provincia.

La primera reunión se dio en la Comisión de Asuntos Constitucionales, con el foco puesto en dos proyectos: uno presentado por Juan Manuel Cid (Hacemos por Córdoba) y otro ideado por los radicales Dante Rossi y Verónica Garade Panetta.

Ante este escenario, la legisladora Luciana Echevarría (MST- FITU) denunció que se trata de un intento de criminalización de la protesta social, en un contexto donde el Estado no da respuestas para sacar a las personas de la situación de pobreza.

"Discuten dos proyectos que buscan cercenar el derecho a la protesta y darle más poder a la policía del gatillo fácil, pero no debaten ninguna medida para paliar la crisis económica que golpea a los cordobeses", manifestó Echevarría.

Y agregó: "Sentados en la mesa con los representantes de los empresarios y comerciantes, dicen que buscan hacer cumplir el contrato social, pero el Estado es el primero que lo incumple al no garantizar ni los derechos más básicos".

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¿Qué proponen ambos proyectos?

La propuesta del PJ establece una modificación del Código de Convivencia para fijar sanciones como trabajo comunitario o arrestos en situaciones en las que se vean afectados la “transitabilidad y el uso de la vía pública”. También, multas de hasta 12 UM, que son unidades que representan un 10% del salario mínimo vital y movil.

Por otra parte, los radicales Rossi y Garade Panetta buscan fijar limitaciones en las calles habilitadas para realizar manifestaciones. Por ejemplo, quieren prohibir las protestas en la Cañana, en la calle Humberto 1ª o en la avenida Maipú.

A diferencia del proyecto que propone el legislador peronista, desde la UCR buscan regulaciones sin establecer sanciones inscriptas en el Código de Convivencia.